En el BOE del día 5 de junio de 2013 se publicó la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, la cual entró en vigor el 6 de junio. Con esta ley lo que se pretende, tal y como su propio nombre indica, es flexibilizar el mercado de alquiler para lograr una mayor dinamización del mismo.
Por su parte, la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, introdujo la modificación de la fiscalidad respecto de las sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas, y del régimen de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Para tratar de manera amplia y práctica dichas cuestiones la Asociación convocó, además de sus asociados, a empresas patrimonialistas al entender que podría ser de su interés analizar en qué situación se encuentra el sector a tenor de las modificaciones impuestas por las sucesivas reformas de carácter jurídico y fiscal que, de manera especial, afectan al alquiler de viviendas.
En la presentación de la sesión, Martín-Carlos Llaràs, Vicepresidente de la APCE, explicó el porqué de esta jornada. Precisó que la crisis ha propiciado que, desde finales del año 2007 hasta hoy la actividad de las empresas promotoras haya sufrido un desplazamiento evidente desde la producción de vivienda a la gestión patrimonial de sus activos, bien desde la misma sede corporativa o mediante la creación de nuevas sociedades. A tiempo, la crisis ha hecho también que, desde todos los ámbitos, se priorice la vivienda de alquiler en frente de la compra y, si hace unos años el alquiler no constituía una alternativa real al proceso de la sociedad por la adquisición de una vivienda, actualmente esta consideración se ha invertido prácticamente. Esto sin contar con el drástico descenso de las cifras de producción de nuevas viviendas, considerándose además que en el próximo decenio no se iniciarán en Cataluña tantas viviendas como en la época expansiva.
Fueron ponentes, Bernat Mullerat y Antonio Gil, socios de Cuatrecasas, Golçalves Pereira, e intervinieron como representantes de la Asociación, su director general, Marc Torrent, y la asesora jurídica Mercè Boltaña, además del secretario general de la Federación Catalana de Promotores (FECAPCE), Josep Donés.
Se explicó que las principales cuestiones en los contratos de arrendamiento hacen referencia a la duración de los contratos, a la renta, al desistimiento anticipado, a las obras y obligaciones del arrendatario, a la resolución contractual, a la fianza y las garantías complementarias, a la entrega de documentación por parte de la propiedad al arrendatario –incluida la certificación de eficiencia energética de la vivienda-, a la inscripción del contrato en el registro de la propiedad (una medida ciertamente esencial para la protección del arrendatario), y a la competencia jurisdiccional.
Además, hay otras cuestiones que afectan exclusivamente a las viviendas de protección oficial (VPO), y que se refieren a la aportación del correspondiente visado, a la cédula de calificación y a las obligaciones y compensaciones que obligan al arrendatario a destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente y que éste no disponga de alguna otra vivienda en propiedad.
El segundo gran tema de la sesión versó sobre la fiscalidad y de qué manera esta fiscalidad afecta a los propietarios de las viviendas para alquilar. Para ello se detalló las diferentes formas de participación en la inversión: Sociedad dedicada al arrendamiento de vivienda, Sociedades y Fondos de inversión inmobiliaria, SOCIMI y Fondos de Activos Bancarios, definiendo cada una de ellas y analizando su fiscalidad, sus requisitos y particularidades.
