Viernes, 14 de julio de 2017.
Actualmente todo el territorio de Cataluña dispone de planeamiento territorial, urbanístico y de instrumentos de paisaje. Pero, a pesar de esto, nos encontramos en una época en la cual las estructuras cuestan de modular para dar respuesta a condiciones cambiantes, cosa que limita la forma con que se lleva a cabo el desarrollo. Si bien podemos decir que se ha vivido un proceso de crecimiento urbano intensivo (actualmente el 95% de la población reside en municipios de más de 2.000 habitantes, por lo cual se puede considerar como esencialmente “urbana”), el dinamismo de los entornos urbanos en los cuales vive buena parte de la población del país y donde se concentra la mayoría de la actividad, con una influencia territorial que va mucho más allá de los límites físicos, hace necesario la importancia de gestionar adecuadamente un proceso de evolución continuada.
Agustí Serra, Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat de Cataluña, explicó que “desde hace tres años se está trabajando en el anteproyecto de la nueva Ley de Territorio de Cataluña, que tiene que marcar el modelo de ordenación del territorio catalán y aglutinar la ley urbanística, la ley del paisaje y la ley de urbanizaciones con déficit en una única ley”. También justificó el porque de esta nueva ley diciendo que desde que la Generalitat de Cataluña tiene competencias en la ordenación del territorio (año 1979), se han hecho varias leyes alrededor del urbanismo, “pero actualmente nos encontramos con un bloque normativo poco coherente y complicado para interpretar y aplicar, y con una regulación urbanística que no permite la flexibilidad necesaria para acercarse al territorio, admitiendo la diversidad, el momento socioeconómico de crisis y la dificultad para desarrollar un planteamiento que no está adaptado en el momento económico social actual”.
Entre los objetivos de la nueva ley, Agustí Serra destacó, entre otros, la adaptación de los instrumentos y la gestión a la diversidad del territorio, buscando una mayor flexibilidad en la regulación del suelo, priorizar el reciclaje urbano por encima del crecimiento en extensión, facilitar tanto el acceso a la vivienda como la actividad económica, garantizar la eficiencia y competitividad del sistema territorial, con fórmulas de gestión supramunicipal y establecer nuevos mecanismos para reconducir la problemática de las urbanizaciones con déficit.
El Anteproyecto, integra toda la legislación en materia de ordenación del territorio en un único régimen jurídico, no sólo garantiza la coordinación del conjunto de instrumentos, sino que los jerarquiza entre ellos. La legislación actual prevé actualmente los mismos instrumentos de planeamiento por el conjunto de municipios, con independencia de su número de habitantes o de su capacidad técnica para impulsar estas figuras. Pero, la realidad plural de Cataluña, donde más del 50% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes y dónde conviven grandes áreas metropolitanas con pequeños núcleos rurales, hace necesario abandonar el carácter uniforme de los instrumentos urbanísticos para definir un nuevo planeamiento adecuado a las diversas escalas.
En su intervención intervención, Lluís Marsà, Presidente del APCE pidió estabilidad y seguridad jurídica. “Esto es el que hace falta – señaló-, y lo que pedimos. Hacer una Ley de Territorio de carácter generalista, de acuerdo, pero con voluntad de futuro, de permanencia, y de consenso. Si no es así, lamentablemente dentro de no muchos años volveremos a reincidir en los mismos errores y a limitar las oportunidades de crecimiento que proporcionan, justamente, la estabilidad y la seguridad jurídica”.
