Jueves, 26 de abril de 2018.
La APCE ha celebrado una nueva sesión del ciclo “Habitatge i Futur” en la que se ha debatido sobre el futuro de las políticas de vivienda, haciendo especial hincapié en el Plan de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Gobierno y publicado en el BOE el pasado 10 de marzo.
En la presentación, el presidente de la APCE, Lluís Marsà, ha hecho un breve repaso a la situación del sector inmobiliario en Catalunya, y ha planteado algunos retos a los que se enfrentan tanto el sector como las administraciones. Marsà también se ha centrado en el nuevo Plan de Vivienda, indicando que, si bien la APCE considera que “es un paso en la buena dirección, debería de haber sido más ambicioso, especialmente a nivel de dotación económica”.
El presidente de la APCE ha destacado el programa para el fomento del parque inmobiliario de alquiler social, que las empresas promotoras consideran muy importante, y ha lamentado que el documento final no contemple la actualización, usando el IPC como indicador de referencia, de las rentas de alquiler para las promociones que se acojan a estas ayudas, tal y como pidió la APCE al Ministerio durante el trámite de elaboración. Lluís Marsà también ha señalado como negativo que tampoco se incluyera en el documento final que el programa de construcción de viviendas de alquiler pudiera hacerse extensivo a promociones que no destinaran todas las viviendas al alquiler protegido. Para Marsà esta propuesta encajaba mucho con las características de las reservas de VPO del Área Metropolitana.
Por su parte, el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Antonio Aguilar, ha señalado el fomento del acceso a la vivienda, la sostenibilidad (tanto de ahorro energético, como de la mejora en la accesibilidad en los edificios), y la gestión urbanística como las prioridades del Ministerio en materia de vivienda y urbanismo. En este sentido, ha afirmado que “los tiempos que son necesarios para aprobar un plan general, un plan parcial, o un proyecto de urbanización o una concesión de licencia de edificación no son admisibles”, y considera que es un aspecto que es necesario corregir a medio y largo plazo.
En referencia al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, ha explicado que los nueve programas que contempla reflejan las necesidades trasladadas por las CCAA en materia de alquiler, rehabilitación y regeneración urbana. Por lo que respecta al alquiler, Aguilar ha afirmado que hay otras vías para ayudar tanto a la oferta como para la demanda, como son los incentivos fiscales que, a su parecer, son más eficientes porque van directamente a la persona o a la empresa.
Antonio Aguilar también ha reconocido que en el plan actual aún hay cuestiones a resolver, como la actualización de las rentas para las promociones de pisos en alquiler. “Es un problema que vamos a resolver porque tiene que existir algún tipo de actualización” ha afirmado Aguilar, quién espera poder firmar el Convenio Marco con la Generalitat en el plazo aproximado de un par de meses.
En su intervención, el Secretario General de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala, ha valorado el plan, aunque ha precisado que querrían haber podido dedicarse a las políticas estructurales, y superar el corto plazo, algo que no va a ser posible en su opinión. Sala ha anunciado que en Catalunya se abrirán cuatro de las nueve líneas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que se centran en el alquiler la rehabilitación y la regeneración urbana.
Sobre la dotación económica del plan, la considera insuficiente (la Generalitat va a recibir 52 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años, es decir un 14,5% anual, muy por debajo del PIB de Catalunya, en un 19%) y ha adelantado que la Generalitat no podrá elevar el techo de las rentas de alquiler para las promociones destinadas a alquiler social, que actualmente está fijado en 600 euros mensuales. Sala considera que es necesario trabajar otros aspectos presupuestarios, como la falta de una línea de financiación -vía el ICO u otros organismos, y complementaria a la ayuda a la promoción de viviendas de alquiler social- similar a la que ha impulsado la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF).
Según Carles Sala, “las Administraciones Públicas nos estamos quedando sin capacidad para influir de manera decisiva en el derecho a la vivienda”, y considera que esta prioridad social no tiene una respuesta presupuestaria adecuada. Por ello, el Secretario General de Vivienda y Mejora de la Generalitat insta a buscar fórmulas de actuación que permitan poder ayudar de manera efectiva al acceso a la vivienda.
La sesión también contó con la participación del subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento, Anselmo Menéndez, y el director de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, Jaume Fornt. Desde el Ministerio, Anselmo Menéndez desgranó los detalles del Plan y, especialmente del programa de fomento de la promoción de viviendas en alquiler. En referencia a la necesidad de establecer un sistema de actualización de las rentas en las promociones que se acojan al plan, Menéndez ha indicado que, si bien en la redacción final no se recoge, se ha dejado la puerta abierta a la actualización de los umbrales de renta, una propuesta que presentarán al Ministro en los próximos meses.
Por parte de la Generalitat, Jaume Fornt ha anunciado que, cuando se cierre el convenio marco con el Ministerio –en un plazo de dos meses-, la Generalitat deberá realizar una convocatoria específica debido a las limitaciones económicas, algo novedoso ya que nunca se habían llevado a cabo. Fornt cree que el criterio adoptado para la subvención de la promoción de viviendas de alquiler social es suficiente, pero al mismo tiempo considera que falta financiación, y ha pedido la implicación de los promotores privados en materia de alquiler social, ya que actualmente hay menos operadores públicos y en peores condiciones que hace diez años.
