Jornadas

El mercado inmobiliario residencial de alquiler en Cataluña. Novedades en el marco jurídico de aplicación (Decreto Ley 17/2019 y Ley 11/2020)

JORNADA HABITATGE I FUTUR

Lunes, 26 de octubre de 2020

Sesión realizada por Webinar.

El pasado 26 de octubre se celebró una nueva sesión webinar del ciclo “Vivienda y Futuro”, que estuvo centrada en la Ley 11/2020 que regula el precio de los alquileres, y que fue aprobada recientemente por el Parlamento de Cataluña. En esta jornada online se contó con la participación de varios expertos del sector público y privado, que expusieron sus posicionamientos y conocimientos sobre la normativa y los efectos sobre la vivienda en Cataluña de ahora en adelante.

El presidente del APCE, Lluís Marsà, abrió la sesión presentando a los ponientes y apuntó algunos elementos clave en la regulación en materia de alquileres en Cataluña. Por Marsà, hay que establecer un equilibrio justo entre la protección del locatario y la defensa legítima de los intereses de los propietarios. También indicó que es capital adoptar medidas, consensuadas con el sector, que actúen directamente contra el origen del aumento del precio, que no es otro factor, segundos Marsà, que “la carencia de oferta”. Por este motivo, el presidente de la Asociación afirmó que hay que incentivar la construcción de un parque de vivienda asequible suficiente y establo para poder responder a la demanda de vivienda de las familias catalanas en situación vulnerable.

El presidente del APCE criticó duramente la Ley 11/2020 de medidas urgentes para el control de rentas en materia de contratos de alquiler, puesto que, según su opinión, agravará el acceso a la vivienda, especialmente de las familias más vulnerables, y provocará una reducción de la oferta, además de afectar gravemente la seguridad jurídica del sector al ser una normativa anticonstitucional.

Seguidamente, el director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Jaume Fornt, explicó los motivos que llevaron a la regulación de los precios del alquiler. Según Fornt, la ley 11/2020 intenta dar respuesta a las necesidades de muchas familias en Cataluña, con tres criterios principales:

  • Actuar sobre municipios con incrementos de rentas importantes para reducir el peso del alquiler en el gasto familiar: según datos de la Agencia, el 40% de las familias catalanas destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, mientras que la media europea es del 27,9%.
  • Evitar prácticas abusivas y definir de forma más clara derechos y obligaciones contractuales
  • Definir criterios igualitarios en el pacto de la renta.

Durante la sesión, Fornt reconoció que la carencia de un parque público de vivienda asequible de alquiler es una de las principales causas de la problemática y también admitió que en Barcelona -principal área del mercado del alquiler catalán- tiene una distribución de la propiedad de las viviendas en alquiler bastante atomizada, formada por pequeños propietarios mayoritariamente que complementan su renta con el alquiler.

En la jornada también participó el abogado Carles Sala, quién profundizó en el nuevo marco jurídico de los arrendamientos urbanos en Cataluña, especialmente en cuanto al Decreto Ley 17/2019 y la Ley   11/2020. Sala explicó por qué lo Decreto Ley 17/2019 sería inconstitucional repasando el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal, además de comentar las consecuencias para el sector de la aplicación de las últimas normativas en Cataluña: fuga de las inversiones hacia otros territorios, inseguridad jurídica, salida de viviendas de la oferta del mercado de alquiler, y la estigmatización reiterada de la propiedad, entre otros.

La jornada se cerró con una mesa redonda en que representantes de las entidades que agrupan los diferentes actores del sector inmobiliario -APIs, Administradores de Fincas, Cámara de la Propiedad Urbana, ASVAL y APCE- expusieron su visión respecto de la nueva ley de contención de rentas y como esta socava de manera sutil el derecho a la propiedad, además de analizar la tipología y los resultados de este tipo de regulación en otros países europeos de referencia, como por ejemplo Francia o Alemania.

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