18 julio 2014
Mediante el Decreto 75/2014, de 27 de mayo, se desarrolla el Plan para el Derecho a la Vivienda por una vigencia de cuatro años que será gestionado por la Agencia Catalana de la Vivienda. Para explicar los objetivos y el contenido del Plan, la Asociación convocó una nueva sesión del programa Aula Inmobiliaria que disfrutó de la participación del Secretario de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalitat de Cataluña, Carles Sala, y del director de la Agencia Catalana de la Vivienda, Jaume Fornt.
Primeramente Carles Sala, explicó que los planes de vivienda son el instrumento que utilizan las administraciones para canalizar las políticas públicas de fomento de la vivienda y que el concepto de “plan de vivienda” como lo conocemos en la actualidad proviene del sistema de convenios entre el Estado y la Generalitat de Catalunya en el marco de los planes de vivienda estatales. Tradicionalmente el Plano catalán se integraba en el Plan estatal y lo complementaba, pero en la última década esto se ha ido invirtiendo. En este sentido, en el último Plan vigente 2009/2012, regulado en el Decreto 13/2010, de 10 de febrero, del Plan para el derecho a la vivienda, el Plan estatal se integra de manera subsidiaria en el Plan catalán.
El anterior Plan se aprobó en un momento en que ya se había iniciado la crisis económica que caracteriza el contexto actual. No se intuían los graves efectos que habría en el sector de la vivienda. En los dos últimos años de vigencia del Plan la restricción del crédito protegido también ha afectado gravemente los promotores, de forma que no han podido acceder a las líneas de financiación necesaria. En consecuencia, la mayoría de viviendas calificadas con protección oficial en los últimos tiempos no han obtenido los préstamos necesarios para financiar las promociones, a pesar de que las líneas del Plan que lo permitían continuaban abiertas.
Además de la restricción al crédito, el aspecto que afecta más gravemente los ciudadanos es la posibilidad de perder la vivienda habitual para no poder responder a su pago, y obliga a un cambio en la priorización de las políticas públicas de vivienda.
A la vez, a la grave situación económica general, se tiene que añadir un cambio en el marco legal de la política de vivienda estatal que reduce las líneas clásicas de fomento compartidas con las comunidades autónomas. Así, el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, que regula el Plan estatal de fomento al alquiler de viviendas, la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, no prevé líneas de fomento de la vivienda de protección oficial de nueva construcción, ni ningún sistema de financiación de la rehabilitación de viviendas, y se reducen los ámbitos y las previsiones presupuestarias otras líneas como la rehabilitación o las ayudas a locatarios a la mínima expresión. Por esta razón este Decreto prevé que, si se tercia, las ayudas previstas en el Plan estatal se desarrollen directamente e independientemente de los que se regulan aquí, de acuerdo con los términos que se establezcan en el necesario convenio interadministrativo de colaboración.
Hacía falta, pues, un nuevo modelo de Plan, tanto en cuanto a los contenidos como la estructura formal. El nuevo Plan hace hincapié en los programas sociales, a diferencia de los planes de vivienda anteriores, que se basaban principalmente en los programas de fomento de la vivienda de protección oficial. No obstante, no se quieren olvidar las líneas clásicas de actuación, puesto que la regulación que se propone tiene voluntad de permanencia más allá del periodo cuatrienal habitual y, por lo tanto, hay que tener vigentes instrumentos que puedan servir en el momento en que cambie de tendencia la actual situación económica.
Sobre los objetivos del Plan dijo que serviría para dinamizar el sector, para marcar una línea de financiación por construcción y suelo, sobre todo en Barcelona y municipios de su primera corona metropolitana, y valoró positivamente la propuesta de la Asociación para construir 10.000 pisos anuales hecho al Conseller de Territorio y Sostenibilidad el pasado mes de mayo. De todos modos insistió en la conveniencia de estimular la rehabilitación y de poder colocar viviendas vacías en el mercado, lo cual, puntualizó, “tiene que constituir el motor de arranque de un sector que tiene que ayudar mucho a normalizar el mercado laboral y la coyuntura económica”.
Por su parte Jaume Fornt explicó el contenido del Plan. Primeramente hizo mención a los dos ejes de actuación: evitar la exclusión social residencial y facilitar a la ciudadanía el acceso a la vivienda a la vez que facilitar también la actividad del sector para recuperar la ocupación. Dijo que en 2013 la Generalitat de Cataluña había atendido 1,3 millones de consultas sobre vivienda y que el Plan preveía un gasto de 480 M€ en cuatro años, 258 millones por el primer objetivo y 222 por el segundo.
Del eje social señaló los tres objetivos que lo enmarcan: el primero, evitar la pérdida de la vivienda por motivos económicos (en 2013 se habían evitado 2.865 desahucios, habiendo invertido 6,2 M€ en remodelación de barrios degradados y que en el primer semestre de este año se habían recibido hasta 2.307 solicitudes de ayudas de larga duración). El segundo, facilitado el acceso a una vivienda en condiciones asequibles (en 2013 se entregaron 1.440 viviendas del parque público y que la Generalitat traía alojadas en viviendas 41.243 familias). En cuando al tercero, incentivar la entrada al mercado de alquiler de viviendas desocupadas, explicó que en 2013 se habían movilizado hacia el alquiler asequible 2.481viviendas de propietarios privados y que ya se habían firmado convenios para 1.230 viviendas nuevas con CX, Bankia y la Sareb.
En cuanto al eje económico se apoya en dos objetivos: primero, incentivar la recuperación del mercado de la vivienda y el sector de la construcción (la Generalitat tiene 122.044 viviendas con la cobertura del “avalloguer”) y anunció que estaba a punto de entrar en el Parlamento el Anteproyecto de Ley de tenencias intermedias. Y segundo, promover la rehabilitación. En este aspecto, manifestó que durante este año se volverán a convocarse las ayudas para la rehabilitación en todo Cataluña, que el mantenimiento será un requisito imprescindible por la obtención de ayudas y que la Generalitat había aprobado la estrategia catalana para la renovación energética de los edificios con el apoyo de 64 entidades.
En la presentación de la sesión y de los invitados el Presidente de la APCE, Lluis Marsá, quiso destacar de manera especial una propuesta hecha por la Asociación y que finalmente ha sido recogida en el Decreto del Plan, que es la de dar una cierta salida a los suelos de reserva atendida la actual situación de carencia de ayudas. Así lo dispone la Disposición Transitoria Segunda, cuando dice que “…las empresas promotoras de viviendas de protección oficial sobre suelos de reserva y en proyecto los cuales hayan sido calificados provisionalmente al amparo de este nuevo Decreto durante el dos primeros años de su vigencia, y que se comprometan a mantenerlos alquilados de forma ininterrumpida durante 10 años, sin recibir ayudas a la promoción, podrán solicitar que este plazo de protección sea sólo de 10 años”.
También puntualizó que en un escenario de un Plan de Vivienda sin ayudas, la flexibilización de su protección en cuanto a los plazos parece oportuna como un estímulo para la demanda. También valoró positivamente el mantenimiento de los precios máximos y zonas entienden que aporta seguridad jurídica al mercado y a los agentes.
