19 mayo 2014
La Asociación, en el marco del suyo programa AULA Inmobiliaria invitó al Catedrático de Economía Aplicada y Rector Honorario de la Universidad Abad Oliva y, a la vez, miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario, Juan Francisco Corona, para explicar las medidas de esta reforma que afectan a las empresas promotoras constructoras y también patrimonialistas.
A mediados de marzo un Comité de Expertos elaboró un informe donde se plantea una reforma integral del sistema fiscal español para contribuir a modernizar la economía, de forma que los impuestos ayuden al crecimiento y fomento del trabajo. Del contenido de este informe se deduce que la fiscalidad en España enferma de una serie de defectos que tienen que ser corregidos con medidas de política tributaria. De ahí que se establezcan una serie de propuestas que, sin que determinen una caída global de la recaudación, permitan una mejora de la competitividad de las empresas españolas.
Las líneas de estas propuestas consisten básicamente en una revisión del sistema tributario, que aumente el peso relativo de la recaudación por IVA trasladando al tipo general del impuesto del 21%, bienes y derechos a los cuales ahora los es aplicable el tipo reducido del 10%, incrementar los impuestos medioambientales, la eliminación de exenciones, deducciones, bonificaciones y regímenes especiales en todos los tributos del sistema impositivo, un aumento sustancial de la imposición patrimonial sobre bienes inmuebles, reduciendo, en contrapartida, la imposición que recae sobre su transmisión, una reducción también de las cotizaciones sociales, con el propósito de generar una mejora en la ocupación, y una intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Entrando en las medidas que afectarían al sector, señaló que la piedra angular de la reforma pasa para trasladar la carga impositiva sobre la propiedad de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio, Sociedades, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a un nuevo Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que grabará anualmente la propiedad en un único tributo. Este sustancial incremento del IBI tendrá como contrapartida la eliminación progresiva otros impuestos que graban actualmente la propiedad inmobiliaria. En tal sentido se propone la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio; las imputaciones de las rentas presuntas en el IRPF; la fiscalidad en las transmisiones de bienes inmuebles, representada por el coste impositivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados; y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
En relación al IRPF y su fiscalidad sobre los bienes inmuebles, la mencionada Comisión de Expertos considera que tienen que desaparecer todas las ventajas fiscales que benefician a la propiedad frente al alquiler o sobre otro tipo de inversiones. En contrapartida también tiene que darse en el IRPF el mismo trato fiscal a las rentas procedentes del capital inmobiliario que a las que genera el capital mobiliario, de tal forma que en la decisión de invertir en un tipo de producto u otro, la fiscalidad no juegue un papel determinante.
Finalmente, en el Impuesto sobre sociedades se propone una rebaja sucesiva del tipo impositivo, que en una primera fase pasaría del 30% al 25% para acabar en el 20%. A cambio se quieren eliminar todas las deducciones existentes en la actualidad en este impuesto, así como el régimen de empresas de reducida dimensión.
